Impunidad: ¿Estamos en un laberinto?
La semana que pasó fue difícil. La discusión interna del Frente Amplio se tensó, se hicieron y se dijeron muchas cosas.
No es una discusión cualquiera se trata de cómo terminar con una de las herencias más envenenadas de la dictadura: la impunidad.
Es un tema clave para la sociedad entera, hace a la salud democrática del Uruguay, a la convivencia democrática y hace también, a la identidad pura y dura de la izquierda, a la razón de ser del Frente Amplio y a la perspectiva real de cambios y transformaciones de izquierda en nuestro país.
En esta discusión entran en juego principios, definiciones políticas y también emociones, muy profundas.
En estos casos es cuando más calma y ponderación se debe tener y cuanto más responsabilidad institucional o política se tiene, más ponderado se debe ser.
Ante muchas cosas que se han dicho y escrito, ante notorias salidas de tono, solo cabe recordar una definición que Rodney Arismendi siempre recomendó y aplicó: “El límite del debate ideológico en la izquierda es la unidad”.
El Frente Amplio tiene definido en su práctica política histórica, en sus señas de identidad primarias, en las resoluciones de su último congreso, en la decisión unánime de su Plenario Nacional un mandato claro: anular la Ley de Caducidad.
Después de un largo proceso de meses, en el que jugó un papel destacado el presidente del FA, Jorge Brovetto, habiéndose escuchado todas las posiciones y matices, se arribó a una resolución y, como corresponde, se impulsó su cumplimiento.
El presidente dela República , compañero José Mujica y el vicepresidente, compañero Danilo Astori, expresaron la semana pasada discrepancias con esa solución.
El presidente de
Miles de frenteamplistas, de muy diversas maneras, a través de cartas públicas, en debates, en los Comités de Base, en la calle, en las fuerzas políticas expresaron su desazón.
Desde estas páginas asumimos que todos los frenteamplistas, sin excepción, quieren el fin de la impunidad. A pesar de argumentos y métodos que no compartimos, no atribuimos intenciones ocultas ni vemos fantasmas, no descalificamos. Creemos que es el mejor camino para recorrer entre todos.
Desde nuestro punto de vista la Ley de Caducidad debe ser borrada de nuestro ordenamiento jurídico por un conjunto de razones.
Jurídicas: porque es inconstitucional, porque contraviene todos los instrumentos internacionales de DDHH, porque violenta la separación de poderes e impide la actuación de la justicia.
Políticas: porque es un engranaje central de la estrategia de poder de la derecha que impide la democracia plena; porque al contrario de lo que se ha dicho estos días, su permanencia es la que pone en peligro cualquier proyección y profundización en el futuro de un proyecto de cambios: no hay cambios posibles, reales, profundos, de izquierda, con impunidad.
Eticas: porque mantiene una elemento intolerable para construir la convivencia ciudadana: no todos somos iguales ante la ley.
Hay que evitar otra trampa en que a veces nos colocamos solos. Esta no es una discusión del Frente Amplio, es de la sociedad uruguaya toda, es un problema del país entero.
La derecha está en contra de la Ley Interpretativa y estará en contra de cualquier otra solución, porque la derecha inventó la impunidad, la defendió y la defiende, es parte de su concepción de país y de sociedad.
Si hay algo de bueno en este debate, delicado por cierto, es que se ha puesto de manifiesto claramente que con la sola anulación de la Ley de Caducidad no alcanza, ni para que haya verdad, ni para que haya justicia.
En medio de esta discusión se presentó una solicitud ante Presidencia de la República para que revocara una resolución de Julio María Sanguinetti que había amparado hace 24 años el asesinato en tortura de Alvaro Balbi impidiendo la acción de la justicia. En el escrito se le pedía al Presidente que revocara todas las decisiones administrativas anteriores que ampararon más de 80 casos en la Ley de Caducidad.
Mujica firmó ayer la resolución que revoca la decisión de Sanguinetti para el asesinato de Balbi, es un paso positivo y una señal política.
¿Esto elimina la necesidad de anular la Ley de Caducidad? De ninguna manera. Cómo la anulación de la Ley de Caducidad no elimina la necesidad de que el Ejecutivo recorra el camino que comenzó Mujica. Son complementarios y necesarios ambos y se necesita más.
El Estado tiene tres poderes. El Poder Ejecutivo deberá revocar los decretos que impiden la acción de la justicia, asumir la responsabilidad, reparar y, lo más importante, investigar para llegar a la verdad.
El Poder Legislativo debe anular la Ley de Caducidad y aprobar los instrumentos legales que permitan la investigación y evitar que el tiempo transcurrido haga que los delitos prescriban y los culpables queden impunes, aún sin Ley.
El Poder Judicial tipificar los delitos de lesa humanidad como lo que son y no como delitos comunes y por lo tanto prescriptibles y tomar medidas para garantizar la investigación de los casos.
Ninguno de los pasos sustituye al otro todos son necesarios.
El FA, la izquierda unida, el movimiento sindical, las organizaciones de DDHH, recorrerán los caminos para asegurar que estos pasos se cumplan.
Porque queremos una sociedad más justa, más libre y esa sociedad solo se puede construir con un FA unido y firme, con un movimiento sindical unido y firme y sin impunidad.
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