El PCU en acción

	Editorial Editorial semanario El Popular - 8 de abril de 2011                                                      Bordabetty en campaña El Partido Colorado como colectividad y en particular su figura más representativa, el senador Pedro Bordaberry, lanzó con armas y bagajes la campaña para habilitar un plebiscito que baje la edad de imputabilidad de 18 a 16 años. La violencia en general y la implicación en ella de menores de edad es un problema en el mundo entero y en Uruguay también. No pretendemos negarlo ni disminuir su impacto. Pero el plebiscito impulsado por Bordaberry no es la solución, es más, ni siquiera procura serlo. Hay muchas razones para fundamentar este juicio pero para ser claros las resumiremos en 5 puntos. Primero, no resuelve el problema. El endurecimiento de las penas y el tratamiento de los menores como mayores se ensayaron en varios países del mundo y fracasaron. Un caso emblemático es el de El Salvador donde el gobierno de Arena impulsó primero la «Mano dura» y después la «Súper Mano dura» y solo logró que las pandillas juveniles fueran más fuertes y no frenó el delito. Otro el publicitado caso de Nueva York con su «Tolerancia Cero» impulsada por el alcalde Rudolph Giuliani, vendido como ejemplo mundial, tuvo un impacto al principio, ahora todo está como antes y en algunos rubros peor. Segundo, la campaña de Bordaberry, parte de la base de que los menores son impunes hoy en el Uruguay. Eso no es cierto. Como lo ha señalado Unicef, «el Código de la Niñez y la Adolescencia prevé el sometimiento a un juicio específico de las personas comprendidas entre los 13 y los 18 años. Se establecen un conjunto de delitos considerados «infracciones gravísimas a la ley», homicidio, violación, rapiña y secuestro. Los magistrados cuentan con amplias facultades para disponer de la privación de libertad, aún como medida cautelar, es decir, como medida previa a determinar si efectivamente el adolescente cometió o no el delito». Lo que Bordaberry propone no es entonces que los menores infractores puedan ser penados, porque eso ya es posible en la actualidad, lo que busca es que los menores sean tratados como adultos. Tercero, hay 260 mil adolescentes en Uruguay, involucrados en infracción con la ley son alrededor de 1.000. En los casos iniciados en la Justicia los que involucran a menores se ubican en el 5.6%. Los procedimientos policiales se han incrementado y la detención de menores infractores también. Se busca mejorar la prevención y la represión a los delitos, pero hoy no es el problema fundamental. El problema principal en el caso de la minoridad infractora, según consenso de todos los actores salvo Bordaberry, está en el sistema de rehabilitación y de detención, en el papel del Inau, en el cumplimiento de las penas, en la búsqueda de la inserción social.  Se realizaron y se realizan esfuerzos. Se promueven modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia, polémicas por cierto, sobre todo en lo referente al mantenimiento de los antecedentes penales, que algunos quieren completo, ahora se plantea para algunos delitos y por un tiempo, y otros consideran inconveniente y violatorio de los convenios internacionales. Se promueve la creación del Instituto de Responsabilidad Penal Juvenil para asegurar que los menores sancionados por la Ley cumplan sus penas, sin fugarse y lo hagan en un marco de rehabilitación. La iniciativa de Bordaberry no resuelve nada de esto. Cuarto, Bordaberry integró como ministro el peor gobierno de la historia del Uruguay, el de Jorge Batlle. Es directo responsable, antes, durante y después, de la aplicación de las políticas que devastaron al Uruguay, generaron una fractura social inédita y enviaron a casi un millón de uruguayos a la pobreza. Bordaberry no se hace cargo de su obra y ahora pide represión para enfrentar sus consecuencias. En la campaña electoral planteaba bajar la edad de imputabilidad a 14 años, crear un banco de ADN de los criminales y volver a aplicar el Decreto de la dictadura de 1980 que habilitó las razias. Ese es el verdadero rostro de su propuesta para los jóvenes,  primero políticas que generan marginación y miseria y luego represión. Quinto, la violencia en general y la de los menores en particular, es un tema complejo y exige el compromiso de toda la sociedad. El gobierno del FA, con aciertos y errores, lo definió como uno de los cinco temas para consensuar políticas de Estado. Bordaberry se cortó solo y lanzó su campaña, aún sabiendo que hay cosas que él propone, en el caso de que se aprueben para dentro de 5 años, que se comenzarán a aplicar hoy. Se han manifestado en contra el FA, la mayoría del Partido Nacional, el Partido Independiente, el movimiento sindical, la Unicef y hasta sectores de la Iglesia. Pero a Bordaberry no le importa. Es su campaña personal y lo hace pensando en el 2014 y en su candidatura y no en soluciones para la juventud o para la violencia. Y lo hace subido en una campaña mediática furibunda. Pese a que los delitos de menores se han mantenido estables, los minutos dedicados en la televisión a los menores infractores crecieron un 259 % en el correr de cuatro años. Bordaberry junta firmas rodeado de cámaras y micrófonos. Es la derecha, con una concepción de derecha y con medios financieros y mediáticos de la derecha. Eligió este camino para estar en campaña cuatro años. La violencia y la implicación de los jóvenes en ella, responde a causas profundas económicas, sociales y culturales, su incremento es hijo de un modelo social que margina a la mayoría de la población y que reproduce miseria.  De una sociedad que endiosa el consumismo y que pone como paradigma personal el acceso ininterrumpido a bienes mientras margina a la mayoría de la población El Uruguay está discutiendo sus problemas, en gran medida se está discutiendo a si mismo, como integrar a los jóvenes, a todos los jóvenes, es un aspecto crucial. Hagámoslo sin escondernos nada, sin negar nuestras llagas, pero lejos de la demagogia y las operaciones electorales y mediáticas. Nos lo merecemos Rodear el parlamento y anular  la Ley de Impunidad El martes, desde las 9.30 de la mañana, el Senado comenzará la discusión de la Ley Interpretativa, promovida por el Frente Amplio, que anula los efectos de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. El senador informante será Oscar López Goldaracena y se espera que el debate se extienda durante toda la jornada. El Plenario Nacional del Frente Amplio que aprobó por unanimidad las modificaciones a la Ley Interpretativa y mandató a los legisladores a votarlo, convocó a todos los militantes a rodear el Parlamento. En el mismo sentido se han pronunciado el PIT-CNT, la FEUU, Fucvam, Onajpu, Hijos, Crysol, Familiares de Desaparecidos y otras organizaciones sociales y de defensa de DDHH que conforman la Mesa Permanente contra la Impunidad. Cuando el Senado vote, luego debe pasar a Diputados, se habrá dado un paso trascendente para que Uruguay tenga una democracia plena: todos los uruguayos seremos iguales ante la Ley. La Ley de Caducidad es un engendro jurídico, es inconstitucional y además es indefendible política y éticamente. La Suprema Corte de Justicia la ha declarado tres veces inconstitucional. En uno de esos casos, el de la joven comunista Nibia Sabalsagaray, asesinada en tortura, se pronunciaron en el mismo sentido los otros dos poderes del Estado: el Ejecutivo y el Legislativo. Recientemente la Corte Interamericana de DHH condenó al Estado uruguayo y lo conminó a dejar sin efecto a la Ley de Caducidad a la que consideró carente de valor jurídico por violatoria de toda la legislación internacional ratificada por nuestro país. La caída inminente de la Ley de Caducidad ha puesto muy nerviosos a los responsables de los peores crímenes de la historia nacional y a quiénes los respaldan políticamente.Pronunciamientos públicos, amenazas a periodistas y jueces, videos, rumores de acciones, componen lo que ellos mismos, en el ultramediático Foro Libertad y Concordia, han denominado «guerra psicológica». El último episodio fue la reunión solicitada por el Centro Militar, el Club Naval, el Club de la Fuerza Aérea y el Centro de Suboficiales de las Fuerzas Armadas al presidente de la República, José Mujica. La reunión se realizó el miércoles en la noche. Luego de la entrevista voceros de los retirados militares señalaron su «honda preocupación» por la discusión en el Senado; calificaron a Ley de Interpretativa como «inconstitucional» y alertaron sobre «conmoción pública» en caso de que se vote. El presidente Mujica, en declaraciones a La República, dijo: «yo escuché y estoy haciendo algunas averiguaciones de carácter jurídico, pero no tengo nada. Ellos expresan un estado de ánimo y hay que darse cuenta de eso». El Presidente también anunció que quiere conocer el pensamiento de los mandos militares y adelantó que lo hará en el Consejo de Defensa Nacional. El Presidente de la República hará lo que entienda. El Frente Amplio tiene en su programa de gobierno la anulación de la Ley de Caducidad, el proyecto en debate fue votado, luego de una larga y delicada discusión, por la unanimidad del Plenario Nacional donde están los sectores políticos y las bases. No se pueden cambiar los ejes tan fácilmente. La que es inconstitucional y violatoria de toda la legislación internacional es la impresentable Ley de Caducidad. El chantaje y la presión fueron las armas principales esgrimidas en 1986 para alumbrar el engendro de la Ley de Caducidad. El Uruguay cambió y con él los uruguayos, no somos los mismos de hace 25 años. Con serenidad democrática, como lo hemos hecho en estos 25 años, vamos a borrar de la legislación uruguaya esta vergüenza. Vamos a ser más libres y más iguales. Sin cucos, sin miedos y sin renunciamientos. .  semanario El Popular - 8 de abril de 2011
	Editorial semanario El Popular - 8 de abril de 2011 Bordabetty en campaña El Partido Colorado como colectividad y en particular su figura más representativa, el senador Pedro Bordaberry, lanzó con armas y bagajes la campaña para habilitar un plebiscito que baje la edad de imputabilidad de 18 a 16 años. La violencia en general y la implicación en ella de menores de edad es un problema en el mundo entero y en Uruguay también. No pretendemos negarlo ni disminuir su impacto. Pero el plebiscito impulsado por Bordaberry no es la solución, es más, ni siquiera procura serlo. Hay muchas razones para fundamentar este juicio pero para ser claros las resumiremos en 5 puntos. Primero, no resuelve el problema. El endurecimiento de las penas y el tratamiento de los menores como mayores se ensayaron en varios países del mundo y fracasaron. Un caso emblemático es el de El Salvador donde el gobierno de Arena impulsó primero la «Mano dura» y después la «Súper Mano dura» y solo logró que las pandillas juveniles fueran más fuertes y no frenó el delito. Otro el publicitado caso de Nueva York con su «Tolerancia Cero» impulsada por el alcalde Rudolph Giuliani, vendido como ejemplo mundial, tuvo un impacto al principio, ahora todo está como antes y en algunos rubros peor. Segundo, la campaña de Bordaberry, parte de la base de que los menores son impunes hoy en el Uruguay. Eso no es cierto. Como lo ha señalado Unicef, «el Código de la Niñez y la Adolescencia prevé el sometimiento a un juicio específico de las personas comprendidas entre los 13 y los 18 años. Se establecen un conjunto de delitos considerados «infracciones gravísimas a la ley», homicidio, violación, rapiña y secuestro. Los magistrados cuentan con amplias facultades para disponer de la privación de libertad, aún como medida cautelar, es decir, como medida previa a determinar si efectivamente el adolescente cometió o no el delito». Lo que Bordaberry propone no es entonces que los menores infractores puedan ser penados, porque eso ya es posible en la actualidad, lo que busca es que los menores sean tratados como adultos. Tercero, hay 260 mil adolescentes en Uruguay, involucrados en infracción con la ley son alrededor de 1.000. En los casos iniciados en la Justicia los que involucran a menores se ubican en el 5.6%. Los procedimientos policiales se han incrementado y la detención de menores infractores también. Se busca mejorar la prevención y la represión a los delitos, pero hoy no es el problema fundamental. El problema principal en el caso de la minoridad infractora, según consenso de todos los actores salvo Bordaberry, está en el sistema de rehabilitación y de detención, en el papel del Inau, en el cumplimiento de las penas, en la búsqueda de la inserción social.  Se realizaron y se realizan esfuerzos. Se promueven modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia, polémicas por cierto, sobre todo en lo referente al mantenimiento de los antecedentes penales, que algunos quieren completo, ahora se plantea para algunos delitos y por un tiempo, y otros consideran inconveniente y violatorio de los convenios internacionales. Se promueve la creación del Instituto de Responsabilidad Penal Juvenil para asegurar que los menores sancionados por la Ley cumplan sus penas, sin fugarse y lo hagan en un marco de rehabilitación. La iniciativa de Bordaberry no resuelve nada de esto. Cuarto, Bordaberry integró como ministro el peor gobierno de la historia del Uruguay, el de Jorge Batlle. Es directo responsable, antes, durante y después, de la aplicación de las políticas que devastaron al Uruguay, generaron una fractura social inédita y enviaron a casi un millón de uruguayos a la pobreza. Bordaberry no se hace cargo de su obra y ahora pide represión para enfrentar sus consecuencias. En la campaña electoral planteaba bajar la edad de imputabilidad a 14 años, crear un banco de ADN de los criminales y volver a aplicar el Decreto de la dictadura de 1980 que habilitó las razias. Ese es el verdadero rostro de su propuesta para los jóvenes,  primero políticas que generan marginación y miseria y luego represión. Quinto, la violencia en general y la de los menores en particular, es un tema complejo y exige el compromiso de toda la sociedad. El gobierno del FA, con aciertos y errores, lo definió como uno de los cinco temas para consensuar políticas de Estado. Bordaberry se cortó solo y lanzó su campaña, aún sabiendo que hay cosas que él propone, en el caso de que se aprueben para dentro de 5 años, que se comenzarán a aplicar hoy. Se han manifestado en contra el FA, la mayoría del Partido Nacional, el Partido Independiente, el movimiento sindical, la Unicef y hasta sectores de la Iglesia. Pero a Bordaberry no le importa. Es su campaña personal y lo hace pensando en el 2014 y en su candidatura y no en soluciones para la juventud o para la violencia. Y lo hace subido en una campaña mediática furibunda. Pese a que los delitos de menores se han mantenido estables, los minutos dedicados en la televisión a los menores infractores crecieron un 259 % en el correr de cuatro años. Bordaberry junta firmas rodeado de cámaras y micrófonos. Es la derecha, con una concepción de derecha y con medios financieros y mediáticos de la derecha. Eligió este camino para estar en campaña cuatro años. La violencia y la implicación de los jóvenes en ella, responde a causas profundas económicas, sociales y culturales, su incremento es hijo de un modelo social que margina a la mayoría de la población y que reproduce miseria.  De una sociedad que endiosa el consumismo y que pone como paradigma personal el acceso ininterrumpido a bienes mientras margina a la mayoría de la población El Uruguay está discutiendo sus problemas, en gran medida se está discutiendo a si mismo, como integrar a los jóvenes, a todos los jóvenes, es un aspecto crucial. Hagámoslo sin escondernos nada, sin negar nuestras llagas, pero lejos de la demagogia y las operaciones electorales y mediáticas. Nos lo merecemos Rodear el parlamento y anular  la Ley de Impunidad El martes, desde las 9.30 de la mañana, el Senado comenzará la discusión de la Ley Interpretativa, promovida por el Frente Amplio, que anula los efectos de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. El senador informante será Oscar López Goldaracena y se espera que el debate se extienda durante toda la jornada. El Plenario Nacional del Frente Amplio que aprobó por unanimidad las modificaciones a la Ley Interpretativa y mandató a los legisladores a votarlo, convocó a todos los militantes a rodear el Parlamento. En el mismo sentido se han pronunciado el PIT-CNT, la FEUU, Fucvam, Onajpu, Hijos, Crysol, Familiares de Desaparecidos y otras organizaciones sociales y de defensa de DDHH que conforman la Mesa Permanente contra la Impunidad. Cuando el Senado vote, luego debe pasar a Diputados, se habrá dado un paso trascendente para que Uruguay tenga una democracia plena: todos los uruguayos seremos iguales ante la Ley. La Ley de Caducidad es un engendro jurídico, es inconstitucional y además es indefendible política y éticamente. La Suprema Corte de Justicia la ha declarado tres veces inconstitucional. En uno de esos casos, el de la joven comunista Nibia Sabalsagaray, asesinada en tortura, se pronunciaron en el mismo sentido los otros dos poderes del Estado: el Ejecutivo y el Legislativo. Recientemente la Corte Interamericana de DHH condenó al Estado uruguayo y lo conminó a dejar sin efecto a la Ley de Caducidad a la que consideró carente de valor jurídico por violatoria de toda la legislación internacional ratificada por nuestro país. La caída inminente de la Ley de Caducidad ha puesto muy nerviosos a los responsables de los peores crímenes de la historia nacional y a quiénes los respaldan políticamente.Pronunciamientos públicos, amenazas a periodistas y jueces, videos, rumores de acciones, componen lo que ellos mismos, en el ultramediático Foro Libertad y Concordia, han denominado «guerra psicológica». El último episodio fue la reunión solicitada por el Centro Militar, el Club Naval, el Club de la Fuerza Aérea y el Centro de Suboficiales de las Fuerzas Armadas al presidente de la República, José Mujica. La reunión se realizó el miércoles en la noche. Luego de la entrevista voceros de los retirados militares señalaron su «honda preocupación» por la discusión en el Senado; calificaron a Ley de Interpretativa como «inconstitucional» y alertaron sobre «conmoción pública» en caso de que se vote. El presidente Mujica, en declaraciones a La República, dijo: «yo escuché y estoy haciendo algunas averiguaciones de carácter jurídico, pero no tengo nada. Ellos expresan un estado de ánimo y hay que darse cuenta de eso». El Presidente también anunció que quiere conocer el pensamiento de los mandos militares y adelantó que lo hará en el Consejo de Defensa Nacional. El Presidente de la República hará lo que entienda. El Frente Amplio tiene en su programa de gobierno la anulación de la Ley de Caducidad, el proyecto en debate fue votado, luego de una larga y delicada discusión, por la unanimidad del Plenario Nacional donde están los sectores políticos y las bases. No se pueden cambiar los ejes tan fácilmente. La que es inconstitucional y violatoria de toda la legislación internacional es la impresentable Ley de Caducidad. El chantaje y la presión fueron las armas principales esgrimidas en 1986 para alumbrar el engendro de la Ley de Caducidad. El Uruguay cambió y con él los uruguayos, no somos los mismos de hace 25 años. Con serenidad democrática, como lo hemos hecho en estos 25 años, vamos a borrar de la legislación uruguaya esta vergüenza. Vamos a ser más libres y más iguales. Sin cucos, sin miedos y sin renunciamientos. . Bordabetty en campaña El Partido Colorado como colectividad y en particular su figura más representativa, el senador Pedro Bordaberry, lanzó con armas y bagajes la campaña para habilitar un plebiscito que baje la edad de imputabilidad de 18 a 16 años. La violencia en general y la implicación en ella de menores de edad es un problema en el mundo entero y en Uruguay también. No pretendemos negarlo ni disminuir su impacto. Pero el plebiscito impulsado por Bordaberry no es la solución, es más, ni siquiera procura serlo. Hay muchas razones para fundamentar este juicio pero para ser claros las resumiremos en 5 puntos. Primero, no resuelve el problema. El endurecimiento de las penas y el tratamiento de los menores como mayores se ensayaron en varios países del mundo y fracasaron. Un caso emblemático es el de El Salvador donde el gobierno de Arena impulsó primero la «Mano dura» y después la «Súper Mano dura» y solo logró que las pandillas juveniles fueran más fuertes y no frenó el delito. Otro el publicitado caso de Nueva York con su «Tolerancia Cero» impulsada por el alcalde Rudolph Giuliani, vendido como ejemplo mundial, tuvo un impacto al principio, ahora todo está como antes y en algunos rubros peor. Segundo, la campaña de Bordaberry, parte de la base de que los menores son impunes hoy en el Uruguay. Eso no es cierto. Como lo ha señalado Unicef, «el Código de la Niñez y la Adolescencia prevé el sometimiento a un juicio específico de las personas comprendidas entre los 13 y los 18 años. Se establecen un conjunto de delitos considerados «infracciones gravísimas a la ley», homicidio, violación, rapiña y secuestro. Los magistrados cuentan con amplias facultades para disponer de la privación de libertad, aún como medida cautelar, es decir, como medida previa a determinar si efectivamente el adolescente cometió o no el delito». Lo que Bordaberry propone no es entonces que los menores infractores puedan ser penados, porque eso ya es posible en la actualidad, lo que busca es que los menores sean tratados como adultos. Tercero, hay 260 mil adolescentes en Uruguay, involucrados en infracción con la ley son alrededor de 1.000. En los casos iniciados en la Justicia los que involucran a menores se ubican en el 5.6%. Los procedimientos policiales se han incrementado y la detención de menores infractores también. Se busca mejorar la prevención y la represión a los delitos, pero hoy no es el problema fundamental. El problema principal en el caso de la minoridad infractora, según consenso de todos los actores salvo Bordaberry, está en el sistema de rehabilitación y de detención, en el papel del Inau, en el cumplimiento de las penas, en la búsqueda de la inserción social.  Se realizaron y se realizan esfuerzos. Se promueven modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia, polémicas por cierto, sobre todo en lo referente al mantenimiento de los antecedentes penales, que algunos quieren completo, ahora se plantea para algunos delitos y por un tiempo, y otros consideran inconveniente y violatorio de los convenios internacionales. Se promueve la creación del Instituto de Responsabilidad Penal Juvenil para asegurar que los menores sancionados por la Ley cumplan sus penas, sin fugarse y lo hagan en un marco de rehabilitación. La iniciativa de Bordaberry no resuelve nada de esto. Cuarto, Bordaberry integró como ministro el peor gobierno de la historia del Uruguay, el de Jorge Batlle. Es directo responsable, antes, durante y después, de la aplicación de las políticas que devastaron al Uruguay, generaron una fractura social inédita y enviaron a casi un millón de uruguayos a la pobreza. Bordaberry no se hace cargo de su obra y ahora pide represión para enfrentar sus consecuencias. En la campaña electoral planteaba bajar la edad de imputabilidad a 14 años, crear un banco de ADN de los criminales y volver a aplicar el Decreto de la dictadura de 1980 que habilitó las razias. Ese es el verdadero rostro de su propuesta para los jóvenes,  primero políticas que generan marginación y miseria y luego represión. Quinto, la violencia en general y la de los menores en particular, es un tema complejo y exige el compromiso de toda la sociedad. El gobierno del FA, con aciertos y errores, lo definió como uno de los cinco temas para consensuar políticas de Estado. Bordaberry se cortó solo y lanzó su campaña, aún sabiendo que hay cosas que él propone, en el caso de que se aprueben para dentro de 5 años, que se comenzarán a aplicar hoy. Se han manifestado en contra el FA, la mayoría del Partido Nacional, el Partido Independiente, el movimiento sindical, la Unicef y hasta sectores de la Iglesia. Pero a Bordaberry no le importa. Es su campaña personal y lo hace pensando en el 2014 y en su candidatura y no en soluciones para la juventud o para la violencia. Y lo hace subido en una campaña mediática furibunda. Pese a que los delitos de menores se han mantenido estables, los minutos dedicados en la televisión a los menores infractores crecieron un 259 % en el correr de cuatro años. Bordaberry junta firmas rodeado de cámaras y micrófonos. Es la derecha, con una concepción de derecha y con medios financieros y mediáticos de la derecha. Eligió este camino para estar en campaña cuatro años. La violencia y la implicación de los jóvenes en ella, responde a causas profundas económicas, sociales y culturales, su incremento es hijo de un modelo social que margina a la mayoría de la población y que reproduce miseria.  De una sociedad que endiosa el consumismo y que pone como paradigma personal el acceso ininterrumpido a bienes mientras margina a la mayoría de la población El Uruguay está discutiendo sus problemas, en gran medida se está discutiendo a si mismo, como integrar a los jóvenes, a todos los jóvenes, es un aspecto crucial. Hagámoslo sin escondernos nada, sin negar nuestras llagas, pero lejos de la demagogia y las operaciones electorales y mediáticas. Nos lo merecemos Rodear el parlamento y anular  la Ley de Impunidad El martes, desde las 9.30 de la mañana, el Senado comenzará la discusión de la Ley Interpretativa, promovida por el Frente Amplio, que anula los efectos de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. El senador informante será Oscar López Goldaracena y se espera que el debate se extienda durante toda la jornada. El Plenario Nacional del Frente Amplio que aprobó por unanimidad las modificaciones a la Ley Interpretativa y mandató a los legisladores a votarlo, convocó a todos los militantes a rodear el Parlamento. En el mismo sentido se han pronunciado el PIT-CNT, la FEUU, Fucvam, Onajpu, Hijos, Crysol, Familiares de Desaparecidos y otras organizaciones sociales y de defensa de DDHH que conforman la Mesa Permanente contra la Impunidad. Cuando el Senado vote, luego debe pasar a Diputados, se habrá dado un paso trascendente para que Uruguay tenga una democracia plena: todos los uruguayos seremos iguales ante la Ley. La Ley de Caducidad es un engendro jurídico, es inconstitucional y además es indefendible política y éticamente. La Suprema Corte de Justicia la ha declarado tres veces inconstitucional. En uno de esos casos, el de la joven comunista Nibia Sabalsagaray, asesinada en tortura, se pronunciaron en el mismo sentido los otros dos poderes del Estado: el Ejecutivo y el Legislativo. Recientemente la Corte Interamericana de DHH condenó al Estado uruguayo y lo conminó a dejar sin efecto a la Ley de Caducidad a la que consideró carente de valor jurídico por violatoria de toda la legislación internacional ratificada por nuestro país. La caída inminente de la Ley de Caducidad ha puesto muy nerviosos a los responsables de los peores crímenes de la historia nacional y a quiénes los respaldan políticamente.Pronunciamientos públicos, amenazas a periodistas y jueces, videos, rumores de acciones, componen lo que ellos mismos, en el ultramediático Foro Libertad y Concordia, han denominado «guerra psicológica». El último episodio fue la reunión solicitada por el Centro Militar, el Club Naval, el Club de la Fuerza Aérea y el Centro de Suboficiales de las Fuerzas Armadas al presidente de la República, José Mujica. La reunión se realizó el miércoles en la noche. Luego de la entrevista voceros de los retirados militares señalaron su «honda preocupación» por la discusión en el Senado; calificaron a Ley de Interpretativa como «inconstitucional» y alertaron sobre «conmoción pública» en caso de que se vote. El presidente Mujica, en declaraciones a La República, dijo: «yo escuché y estoy haciendo algunas averiguaciones de carácter jurídico, pero no tengo nada. Ellos expresan un estado de ánimo y hay que darse cuenta de eso». El Presidente también anunció que quiere conocer el pensamiento de los mandos militares y adelantó que lo hará en el Consejo de Defensa Nacional. El Presidente de la República hará lo que entienda. El Frente Amplio tiene en su programa de gobierno la anulación de la Ley de Caducidad, el proyecto en debate fue votado, luego de una larga y delicada discusión, por la unanimidad del Plenario Nacional donde están los sectores políticos y las bases. No se pueden cambiar los ejes tan fácilmente. La que es inconstitucional y violatoria de toda la legislación internacional es la impresentable Ley de Caducidad. El chantaje y la presión fueron las armas principales esgrimidas en 1986 para alumbrar el engendro de la Ley de Caducidad. El Uruguay cambió y con él los uruguayos, no somos los mismos de hace 25 años. Con serenidad democrática, como lo hemos hecho en estos 25 años, vamos a borrar de la legislación uruguaya esta vergüenza. Vamos a ser más libres y más iguales. Sin cucos, sin miedos y sin renunciamientos. .